Desde el inicio de la pandemia, el gobierno puso en marcha un decreto ley para suspender temporalmente los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, este decreto lleva aplicandose durante más de 2 años tanto a pequeños propietarios como a grandes propietarios, generando una situación dramática en muchos casos que afecta gravemente a la salud mental y la económica de pequeños propietarios, provocando situaciones dramáticas como tener que iniciar tratamiento psicológicos y daños que en muchas ocasiones son irreparables. Queremos reivindicar que es el Estado el que tiene que proporcionar de forma inmediata a estas personas vulnerables una alternativa habitacional y en ningún momento se tiene que ver afectado el propietario privado de estas suspensiones, teniendo en cuenta la ya lentitud de los juzgados  por su escaso personal y la saturación de demandas acumuladas a consecuencia del COVID.

Solicitamos que se anule el decreto ley de suspensión extraordinaria de deshaucios a pequeños propietarios y que la administración actúe de inmediato sin tener que esperar meses en los casos de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

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