PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DE LA LIBERTAD DE LOS ESTUDIANTES

Nosotros, escritores y académicos, manifestamos nuestra profunda preocupación por el curso que han tomado los recientes acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela y por la suerte de centenares de jóvenes que han sido detenidos en cárceles y dependencias policiales por el solo hecho de protestar.

 

Según el informe de 9 organizaciones no gubernamentales (Venezuela 2014), en los últimos 4 meses, 3.127 personas han sido privadas de libertad a raíz de su participación en protestas, de los cuales 217 han sido menores de edad. El 60% de los detenidos fue liberado bajo régimen de presentación, con medidas cautelares que, entre otras restricciones, les impide  participar en manifestaciones pacíficas. Unas 100 personas permanecen recluidas en diferentes cárceles venezolanas, la mitad de ellos son estudiantes, de los cuales una docena están presos en las celdas de la policía política (el SEBIN).

 

Algunos de estos estudiantes se les detuvo mientras dormían en campamentos que se establecieron como forma de protesta pacífica. Su detención, ordenada por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, fue ejecutada por un importante contingente de la Guardia Nacional. Los jóvenes recluidos en el SEBIN permanecen en un régimen de semi incomunicación, se les ha procesado en audiencias masivas, acusándolos a la mayoría de ellos, de obstrucción de la vía pública, asociación para delinquir, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescentes para delinquir, y daños violentos a la propiedad.

 

De acuerdo con la Constitución, con las leyes y con tratados internacionales ratificados por Venezuela, toda persona tiene derecho a ser juzgada en libertad. En una sociedad democrática, no es aceptable que estudiantes o cualquier otro ciudadano sea privado de su libertad por protestar como si se tratara de terroristas o de peligrosos delincuentes. Por ello, hacemos un llamado a las Instituciones del Estado venezolano, especialmente a la Fiscalía General de la República, a los tribunales de justicia y al Gobierno nacional, a que ponga fin a la represión y a la criminalización del derecho a protestar, que libere a los estudiantes y ciudadanos detenidos, y que observe escrupulosamente las reglas del debido proceso, sin que se utilice a la administración de justicia como un instrumento para acorralar y castigar a quienes disientan de las políticas del gobierno.

 


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